El viernes, desahucio con menor de edad

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A la atención de los responsables en materia de vivienda de la Junta de Castilla y León:

El próximo viernes, 14 de septiembre, volveremos a comprobar cómo la falta de viviendas de alquiler social desposee a una familia con una menor a su cargo de un hogar donde habitar. No será por falta de alertas, puesto que a menudo los activistas de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, grupos Stop Desahucios hemos llamado la atención sobre la necesidad de más vivienda social, sobre lo interminable de las listas de espera y el impacto de los precios no regulados de alquileres en las familias con escasos ingresos y en claro riesgo de exclusión social. Muchas de las familias que sobreviven con la renta básica de inserción se encuentran, además, en situación de pobreza energética. El hecho de que no todas las familias que lo necesiten por su nivel de ingresos puedan acceder a viviendas sociales nos vuelve a poner de manifiesto la necesidad de más viviendas.

En los últimos meses, la Junta ha alardeado en prensa de las rehabilitaciones efectuadas en viviendas en toda la Comunidad, ha recibido incluso préstamos temporales de viviendas propiedad de los obispados y, sin embargo, la respuesta que recibe la familia leonesa que será desahuciada este viernes sin tener alternativa habitacional es, como de costumbre, que no hay viviendas disponibles. La ONU ya ha reconvenido a nuestro país en numerosas ocasiones por permitir desahucios con menores de edad cuando no existe alternativa habitacional. La Junta sería la institución a la que corresponde proveer esa alternativa. ¿Dónde están cuando se les necesita? ¿Por qué los Juzgados leoneses, que saben que no existe esta alternativa habitacional, no aceptan la petición de aplazamiento del desahucio sabiendo que contraviene un dictamen de la ONU? ¿Por qué tenemos que ser las plataformas y los vecinos y vecinas de las ciudades quienes recordemos a las instituciones que proteger a los menores de edad es una de su prioridades como sociedad? No lo sabemos. Sólo esperamos poder encontrar respuestas antes de este viernes. Necesitamos una #soluciónparaM. De lo contrario, nuestra ciudad volverá a permitir que una familia con una hija menor (símbolo de la M que utilizamos en el hashtag) viva en su propia piel la injusticia, la sinrazón del desahucio.

Ángel y su carencia

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Queridos todos:

Nos llena de orgullo y satisfacción poder contaros que nuestro compañero Ángel entró ayer en la asamblea por primera vez con cierta cara de tranquilidad. Acaba de firmar carencia con BBVA.

Felices por el esfuerzo y por la lucha social que hacen que este tipo de logros sean posibles.

Frustrados, cabreados y muy reivindicativos con quienes no garantizan los derechos habitacionales de todas las personas o la dignidad de sus viviendas: ayer mismo, una comPAH de Alcorcón era hospitalizada con sus niños por un accidente doméstico con velas en una vivienda afectada por la pobreza energética. Es decir, una vivienda sin luz y calefacción.

Pero todas las comPAHS empoderadas y los comPAHS peleones seguimos adelante en nuestro empeño de EXIGIR a aquellos partidos e instituciones quienes corresponde garantizar estos derechos.

Nos vemos en las calles.

El derecho a vivienda no se vende

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Era el lema de Amnistía Internacional por el Derecho a Vivienda y tuvimos la suerte de que nos invitaran a compartirlo con ellos. Allí estuvimos, conversando con las personas de a pie, muchos de los cuales decidieron apoyarnos mediante la compra de algún pequeño material (una chapa, un boli.. y los más valientes, una camiseta o una gorra). Otras personas se acercaron a firmar a la mesa de Amnistía, apoyando la causa de la vivienda digna para todas las personas que lo necesiten. Algunas, incluso, nos confiaron sus propios problemas para acceder a una vivienda. A ellos les dedicamos un poco más de tiempo y, en algún caso, les animamos a venir a la asamblea con nosotros.

El próximo miércoles día 25 tendremos una conferencia colectiva en el Ret Marut, calle Héroes Leoneses número 2 en la que plantearemos cuestiones sobre la vivienda que nos parecen de gran importancia. Será a las ocho de la tarde y estáis invitados.

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La Junta DESAHUCIA

El próximo día 13 de septiembre, miércoles, una familia con dos menores de edad será desahuciada de su vivienda en el barrio de la Armunia; una vivienda propiedad de la Junta de Castilla y León que debería haber estado destinada a usos sociales pero permanecía vacía cuando el afectado, ante la emergencia que suponía verse en la calle con su familia, decidió ocuparla en el año 2013.
Desde Stop Desahucios León denunciamos esta situación, pues nos parece insólito que la propia Junta, que reconoce la situación de necesidad de la familia, sea ella misma la que se haya atrevido a cursar la petición de desahucio en el juzgado. Entendemos que la Junta de Castilla y León, competente en materia de vivienda, tiene la posiblidad de permitir a estas personas el continuar residiendo allí, dado que la propia familia tiene contratado incluso un seguro de vivienda y ha estado al corriente de los pagos de la Comunidad hasta producirse esta situación. Se trata de una simple cuestión de buena voluntad.
Desde Stop Desahucios León hemos denunciado a menudo la escasez de viviendas que ofrece la Junta en la ciudad de León, razón por la cual propusimos la creación de un parque de vivienda social al Ayuntamiento, idea que todos los grupos apoyaron, pero fue echada abajo a finales de 2016. Saber que la propia Junta tenía una vivienda libre en 2013 y jamás la puso a disposición de las familias necesitadas nos resulta indignante. Entendemos que la Junta no tiene derecho a desahuciar a una familia necesitada de esta vivienda, que además, al ocuparla, ha realizado unas obras de adecuación y habitabilidad que le correspondían a la propia Junta. Además de ofrecerles el alquiler social en esa misma casa, la Consejería debería realizar el necesario ejercicio de transparencia propio de una institución y publicar a ojos de todo el mundo la lista completa de viviendas de su propiedad destinadas al alquiler social, incluyendo también esos pisos supuestamente cedidos por la SAREB según un acuerdo millonario, y que las plataformas sabemos que todavía no se han puesto a disposición de ningún usuario.
En Stop Desahucios León recordamos también que una resolución del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha condenado en tiempos recientes a nuestro país por no ofrecer las adecuadas alternativas habitacionales a familias con menores de edad. Así que esperamos que la Junta rectifique lo más rápidamente posible.

 

Cuando falta la vivienda social

Hoy, día 10 de agosto, la plataforma Stop Desahucios León ha recibido por sorpresa llamadas de medios de comunicación para que se pronunciase sobre la situación irregular de unas personas que han okupado varias viviendas vacías en León, en el Barrio de la Lastra. El texto del Diario de León que ha despertado la curiosidad de los medios es el siguiente:

En este texto no aparece en qué consiste la estafa, que se detalla en otro de los artículos publicados por El Diario de León: http://www.diariodeleon.es/noticias/leon/nos-vendieron-llave-200-euros_1180079.html

Según este texto, los okupas manifiestan que adquirieron las llaves comprándolas por cuantías que varían entre los 200 y los 350 euros.

Desde Stop Desahucios León tenemos varias consideraciones que comentar con la ciudadanía y con los medios de comunicación que deseen conocer nuestra postura. Por norma general, desde las asambleas y plataformas Stop Desahucios, defendemos la ocupación de viviendas vacías, siempre que sean propiedad de bancos. Sin embargo, cuando una familia asesorada por una de nuestras plataformas se decide a okupar, enseguida se dirigen al banco poseedor de la vivienda para solicitarle la regularización de la situación a través de un alquiler social. De esta forma, se palia el efecto que produce en la sociedad la escasez de viviendas sociales existentes (hecho que denunciábamos hace muy pocos días en Radio Ser León: http://cadenaser.com/emisora/2017/08/03/radio_leon/1501775028_458331.html), puesto que el banco estará proporcionando una solución real a la familia, que evita con este acuerdo su posterior desahucio y promueve que los bancos, que tanto se han beneficiado del modelo de compra de vivienda, aporten soluciones.

No nos termina de gustar ni convencer el tono empleado por el Diario de León en el primero de los textos, en el que se alude a que las personas okupas son extranjeras y en el que se da inmediata credibilidad a los vecinos que afirman que se trata de personas ruidosas, pues parece una forma de fomentar la xenofobia. Entendemos que el tratamiento de la noticia es más honesto en el segundo de los textos, donde se habla de la problemática de estas familias estafadas, en paro y con niños menores de edad que podrían tener que pasar por el trauma de un desahucio, con las consecuencias psicológicas que ello conlleva en edades tempranas. Esas circunstancias mencionadas, de ser ciertas, nos dirían que estas familias sí deberían tener derecho a viviendas sociales proporcionadas por las instituciones, en este caso en concreto la Junta de Castilla y León. No podemos entender que la Junta no proporcione las viviendas que son necesarias para las personas que, por su nivel de ingresos, cumplen los requisitos para acceder a ellas. Generalmente, se limitan a decir que “no hay suficientes”, cuando desde las plataformas se han propuesto numerosas soluciones, incluyendo algo tan obvio como la puesta a disposición de los pisos de la SAREB (con un 60% de capital público) para estas familias de economías precarias. La propia SAREB firmó un acuerdo millonario para ceder algo tan escaso como 100 viviendas a toda la Junta de Castilla y León y aún nadie ha tenido acceso a ellas.

También vemos que, insistiendo en ningunear el problema en la administración local (como han hecho recientemente los grupos PP y Ciudadanos, desmarcándose de la creación del Parque de Viviendas para este tipo de contingencias cuya creación nosotros mismos habíamos propuesto al Ayuntamiento de León y que fue aprobado en pleno por unanimidad de los grupos en diciembre de 2015), desde luego que no se aportan soluciones. Y cuando las instituciones no aportan soluciones, son las mafias las que se aprovechan de esta situación.

Desde Stop Desahucios León proponemos la que entendemos que es la más sencilla de las soluciones: que estas personas sean realojadas en una vivienda social perteneciente a la Junta de Castilla y León o, en el caso de no quedar libre ninguna, que la propia Junta (cuya carencia de viviendas sociales la hace responsable de estas situaciones) gestione un alquiler social con la promotora poseedora de las viviendas.

“Mala voluntad institucional”

Así podemos resumir las palabras de la portavoz de nuestra asamblea Stop Desahucios León en la entrevista realizada el pasado 3 de agosto y que todavía podéis escuchar en el siguiente enlace:

http://cadenaser.com/emisora/2017/08/03/radio_leon/1501775028_458331.html

Nuestra portavoz intenta trasladar a la periodista Nieves Salgado todas las prácticas institucionales (nacionales, autonómicas y locales) que inciden en el hecho de que sigan existiendo los desahucios, no se acepten ni adopten en su integridad las soluciones ideadas por las plataformas ni se acaten con la debida atención las sentencias del Tribunal Superior de Justicia Europeo.  A lo largo de Junio de 2017 hemos sabido también que en la ciudad de León el problema ha empeorado respecto a los primeros trimestres de años anteriores, subiendo la cifra de desahucios a 147, según datos del Consejo General de Poder Judicial. Cuando desde la asamblea nos indignamos al retirarse el PP con Ciudadanos de la idea (apoyada por todos los grupos) de crear un parque de viviendas para situaciones de emergencia en la ciudad de León, sabíamos que esto repercutiría en una subida de las cifras. Pero detrás de las cifras lo que más nos interesa son las personas. Personas que no deben ver conculcado su derecho a la vivenda recogido en el artículo 47 de la Constitución.

 

Dación de Natasha

En estos tiempos complejos en los que la Ley Mordaza nos está dejando poco espacio para las acciones más visibles y más capaces de mover el ánimo de la gente, cualquier buena noticia es de gran importancia para las asambleas.

Cuando el pasado lunes Natasha quiso compartir con nosotros una pequeña fiesta para celebrar su dación, fueron muchas las sonrisas que se vivieron. Y fueron necesarias y especiales, porque no se trataba solo de su alegría: también se trataba del brote espontáneo de confianza de quienes se han visto en su espejo, quienes están en una situación muy difícil respecto a su vivienda y han reconocido en el triunfo Natasha su propio futuro; la posiblidad de una solución que no aniquile sus vidas, ya sea otra dación, un alquiler social o al menos una carencia que les permita ir reconduciendo la situación en la que se encuentran.

El mejor mensaje es que solos no podemos solucionar los problemas, pero con el apoyo de los demás sí que somos capaces.

Ella lo expresaba así:

“Estoy realmente satisfecha y muy agradecida a la plataforma STOP Desahucios León!!! Me han sacado del pozo en que me he metido hace 10 años ingenuamente pensando “Dios! que maravilla es tener mi propio piso”….😪
La gente de la plataforma me han acogido; apoyado y me han guiado desde el primer momento que entré. Me han enseñado una gran idea: JUNTOS PODEMOS HACER MARAVILLAS, por separado somos nada más que una serie de números para la máquina tragaperras llamado el banco”. 

 

La ley hipotecaria española es ilegal

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Hoy, las asambleas de todo el país han presentado el siguiente escrito sobre la sentencia europea que obligaría a los bancos a devolver todo el dinero sustraído a sus clientes en las cláusulas suelo. Aquí está el contenido de la carta que le hemos enviado:

 

 

AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

D Mariano Rajoy Brey

(Madrid)

Los integrantes del grupo Stop Desahucios León, ante el Presidente del Gobierno de España, comparecemos y EXPONEMOS:

QUE en ejercicio del Derecho de Petición establecido en el artículo 29 de la Constitución, y del resto de legislación reguladora del derecho a obtener respuesta e información de las Administraciones y Organismos Públicos, venimos a solicitar determinada información que expondremos más adelante, y que basamos en la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1º Que, en febrero de 2012, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), presentó ante la Mesa del Congreso una iniciativa legislativa popular (ILP) que, avalada por casi 1,5 millones de firmas de personas españolas, proponía una moratoria indefinida para los desahucios, la dación en pago retroactiva y el establecimiento de un régimen de alquiler social que permitiera seguir en sus viviendas a las familias tras el proceso de ejecución hipotecaria.

2º Que el Grupo Popular del Congreso, que había anunciado en varias ocasiones su decisión de inadmitir a trámite la citada ILP, se vio impelido a tener que admitirla finalmente, tanto por la presión social del momento, como por el hecho de que horas antes de la finalización del plazo de admisión, se conoció la noticia de que una pareja de ancianos que se habían suicidado en Palma de Mallorca, dejaron una nota escrita en la que explicaban que la causa de su suicidio había sido el que iban a ser desahuciados en breve, y la presión entonces se le hizo insostenible a su Grupo,

Que, tras la admisión, en el trámite parlamentario de nuestra ILP, el Grupo Popular, procedió a la desnaturalización y al aborto de los contenidos de la ILP, pariendo la ley 1/2013 de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.

4º Que   la citada ley 1/2013 ha sido rechaza por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en todas     y cada una de las sentencias en que se ha pronunciado sobre la misma. A continuación se hace exposición de esas sentencias, y de  otras en las que el TJUE se ratifica que la legislación española en materia hipotecaria e contraria al Derecho Comunitario:

STJUE de 14-3-2013, Caso Aziz contra Catalunya Caixa, asunto 410-11. El Tribunal de Justicia declaró que un sistema de ejecución hipotecaria como el español, donde no se permite al deudor alegar cláusulas abusivas, es contrario a la Directiva 13/93 de protección a consumidores.

STJUE de 17-7-2014, Caso Sánchez Morcillo y Abril García contra BBVA, asunto C-169-14.– El Tribunal europeo declaró que la Ley 1/2013 favorecía sólo a las entidades financieras en su sistema de recursos, vulnerando el derecho a la defensa al permitir que sólo estas recurrieran las decisiones del juez sobre cláusulas abusivas.

STJUE de 21-1-2015, caso Varios contra Unicaja y Caixabank, asuntos acumulados C482/13, C484/13, C485/13 y C487/13: El Tribunal enmienda de nuevo la Ley 1/2013 en lo relativo a los intereses de demora, y aclara que aunque el interés de demora sea inferior a 3 veces el interés legal del dinero, también puede ser declarado nulo.

STJUE de 29-10-2015, caso Peñalva López contra BBVA S.A., asunto C-8/14. El TJUE decidió que el plazo extraordinario de un mes de la Ley 1/2013 para oponerse por cláusulas abusivas, y que comenzó a correr con la publicación en el BOE no asegura una efectiva protección a los consumidores. La notificación a los afectados debió realizarse personalmente dentro de cada procedimiento.

Auto del TJUE, de 11 de junio 2016, en el asunto C-602/13, contra BBVA. Auto sobre vencimiento anticipado. El Tribunal aclara nuevamente que una cláusula abusiva es nula incluso aunque el banco no haya hecho uso de ella, y así el vencimiento anticipado será nulo si su redacción es abusiva.

Auto del TJUE, de 17 de marzo de 2016, caso González contra Ibercaja Banco, S.A.U., asunto C-613/15. El TJUE aclara que la cláusula de vencimiento anticipado es abusiva, y en tal caso, procede anularla del contrato, incluso archivando la ejecución hipotecaria. Corrige decisión del Tribunal Supremo de 23-12-2015 que afirmó que la ejecución hipotecaria no era “tan mala para el afectado”.

STJUE de 21-12-2016, asuntos acumulados varios, sobre cláusulas suelo,  C 154/15, C 307/15 y C 308/15, Francisco Gutiérrez Naranjo y Cajasur Banco, S.A.U. (asunto C 154/15), Ana María Palacios Martínez y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) (asunto C 307/15), Banco Popular Español, S.A., y Emilio Irles López, Teresa Torres Andreu (asunto C 308/15). Sentencia sobre las cláusulas suelo. El TJUE desautoriza al Tribunal Supremo español que dijo que los bancos podían mantener el beneficio de lo robado mediante la aplicación de la abusiva cláusula suelo, pero les conminaba a dejar de robar mediante este método.

4º Que casi todas estas sentencias se basan en la inaplicación de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de fecha 5/4/1993, que debió haber sido implementada en la legislación española a más tardar el 31 de diciembre de 1994 según el artículo 10 de la misma, hecho que a día de hoy sigue sin haberse producido. Los Gobiernos de los señores González, Aznar, Rodríguez Zapatero y el suyo mismo Sr. Rajoy, y sus correspondientes mayorías parlamentarias vienen ignorando el cumplimiento de esa Directiva hasta el punto de que España podría ser sancionada por ello, dándose la paradoja que toda la ciudadanía española, desahuciados incluidos, tendríamos que hacer frente a esa sanción, derivada de la inacción y acción, quizás prevaricadora, de los responsables de su incumplimiento.

5º Que la no implementación de la repetida Directiva 13/93 en la legislación española ha provocado y sigue provocando un enriquecimiento ilícito de las entidades financieras, mediante el rescate silencioso y sistemático que la aplicación de la multitud de cláusulas abusivas contenidas en los contratos hipotecarios, y toleradas por la legislación española vigente permite, mientras que en la otra cara de la moneda están el sufrimiento y desesperación de las cientos de miles de familias desahuciadas por la aplicación de esta legislación ilegal en Europa pero vigente en España. Millones de personas que lo han perdido todo lo material, además de su propia autoestima tras los acosos y humillaciones sufridas.

6º Que en defensa de la aplicación de esa legislación rechazada por el TJUE, su Gobierno ha ejercido y ejerce la represión policial, elaborando además la conocida como “ley mordaza” para endurecer más el castigo a quienes tratamos de impedir la aplicación de tan injusta como ilegal legislación.

7º Que en virtud del contenido del punto 4º, cabría investigar si todas las ejecuciones hipotecarias efectuadas desde el 1 de enero de 1995 pudieran ser anuladas por haberse realizado bajo el imperativo de una legislación ilegal que hasta hace muy poco, impedía el Derecho a la Defensa del prestatario ejecutado.

8º Que tras la reciente sentencia del TJUE sobre la vergonzante sentencia del Tribunal Supremo de España de mayo de 2013, el Ministro de Economía Sr. De Guindos ha anunciado una nueva ley hipotecaria, hecho que, conociendo su currículum laboral previo, su Código de Buenas Prácticas y su ley 1/2013, no sólo no nos tranquiliza sino que nos pone los pelos de punta.

9º Su Gobierno Sr. Rajoy, además de no hacer nada para adaptar y mejorar la legislación española, está sistemáticamente impidiendo que las Comunidades Autónomas legislen en estas materias, mediante el abuso del recurso sistemático de las leyes autonómicas al Tribunal Constitucional, este hecho ha provocado ya que en algún voto particular en sentencias de TC se hable de la desnaturalización del Estado de las Autonomías.

10º En los últimos tiempos, los datos sobre desahucios por impago de alquiler están aumentando exponencialmente, fruto de la desprotección e inseguridad que la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos genera en los arrendatarios, sin que hasta la fecha su Gobierno haya emitido opinión ni anunciado medida alguna.

11º Por último Sr. Rajoy, queremos hacerle esta consideración: Su política de retrasar los Derechos de la Ciudadanía mediante la no implantación de la legislación europea, o el recurso sistemático al TC, no sólo no le librará de tener que aplicarlos más tarde, sino que mientras llegan las diferentes sentencias Vd. y su Gobierno habrán contribuído generosamente al sufrimiento de miles de familias españolas, así como al enriquecimiento ilegítimo de los beneficiarios de sus políticas.

Por lo expuesto, y al amparo del Derecho de Petición y del resto de legislación reguladora del acceso a la información

SOLICITAMOS

Nos informe acerca de si su Gobierno piensa adoptar alguna medida compensadora para las familias que han sido víctimas de la ilegal legislación hipotecaria vigente en España, y en su caso qué medidas, su alcance y plazos que prevea.

Nos informe sobre si su Gobierno tiene o no previsto hacer algún tipo de reforma sobre la Ley de Arrendamientos Urbanos, estableciendo contratos indefinidos, y garantías para los arrendatarios, de forma que éstos estén mejor protegidos y seguros.

Si tiene previsto reconsiderar los recursos presentados ante el TC sobre las diferentes leyes autonómicas de vivienda, y en caso contrario, y dado que la mayoría de esos recursos se fundamentan en la presunta invasión de competencias del Estado, si tiene previsto proponer alguna ley que regule y rellene todos los vacíos existentes en la legislación estatal que venían a cubrir las leyes autonómicas.

Si considera que el Derecho a la Vivienda debe ser un Derecho Fundamental, como establecen el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el 47 de la Constitución Española y el 7º de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, y qué medidas pretende adoptar en esa dirección, o si por el contrario entiende que se trata sólo de un bien de consumo más y en consecuencia el acceso a la misma tiene que depender exclusivamente de las posibilidades económicas de cada ciudadano.

En León, a 19 de enero de 2017.

  Stop Desahucios León

C/ Matasiete, 8, 24003 León

Tfno 687 14 95 74

Funeral del Parque de Vivienda

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El pasado 29 de diciembre de 2016 se celebró un nuevo pleno en el Ayuntamiento de León. Este pleno era el primero en tener lugar después de que el Partido Popular con el grupo Ciudadanos decidiese negociar con la Junta de Castilla y León de forma unilateral el tema de vivienda en la ciudad, convirtiendo así en papel mojado el Parque de Vivienda aprobado en el pleno del pasado 28 de diciembre de 2015. Debimos desconfiar de semejante fecha, pero el apoyo unánime de todos los grupos a la creación del Parque nos dio el refrendo democrático que necesitábamos para poder creer en ello. No ha sido así y, por más que los grupos anteriormente citados se llenen la boca diciendo que “crearán la oficina municipal de vivienda” eso no sirve de nada si no se amplían los pisos disponibles, que ya no han servido para dar respuesta a las necesidades que la Plataforma ha detectado durante los últimos años.

Así que, con el fin de mostrar nuestra repulsa a esa maniobra con la que se evita dar la respuesta efectiva que necesitábamos, el otro día nos dejamos ver en el pleno y dejamos a Innocentius vigilando por allí, ante la mirada sorprendida de muchos de los representantes municipales, como testigo mudo de las promesas y los pactos incumplidos.

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Junta, Ayuntamiento y POSTUREO

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Desde Stop Desahucios León queremos manifestar a los distintos medios de comunicación que no estamos invitados a la reunión del próximo lunes 5 de diciembre a las 11 de la mañana en el Ayuntamiento de León. La Consejería de Fomento y el Ayuntamiento se reúnen con motivo (según dice la convocatoria) de fomentar el Parque de viviendas de alquiler social. Sin embargo, esto no parece hacer referencia explícita al Parque de Viviendas que iba a crear el Ayuntamiento y que fue aprobado por unanimidad de todos los grupos en el Pleno del 28 de diciembre de 2015 (la fotografía que incluimos es de aquel momento). Debimos sospechar entonces de que el pleno se celebrase precisamente en esa fecha. El lunes, posiblemente, podremos comprobar cómo el PP se apropia de unos contenidos que elaboramos nosotros como plataforma para tergirversarlos, llenarse la boca de nuevo diciendo que va a solucionar los problemas de la gente sin ofrecer suficientes viviendas para la alta demanda que hay, tal vez estableciendo unos alquileres nada sociales (imposibles de pagar cuando no se tienen ingresos o no superan los 400 euros), o incluso poniendo unos criterios imposibles de cumplir para dentro de un año desestimar el parque diciendo que “no hay demanda”, como hizo la Consejería de Fomento con las últimas ayudas convocadas para el alquiler, en la que publicó unos requisitos en 2015 y luego los endureció a la vuelta de un año estando todavía vigente la convocatoria.

¿Por qué podemos sospechar que el Parque que anuncien el lunes no solucionará los problemas de las gente que necesita las viviendas? Porque si no, el PP no se habría escondido para tramitar las condiciones y los requisitos. Lo habría hecho de una forma pública y transparente, contando para ello con la aportación de la ciudadanía y de sus legítimos representantes. Si no lo han hecho, podemos temer qué es lo que quieren ocultar: un “más de lo mismo”, unas medidas creadas sin un verdadero conocimiento de la realidad de la pobreza y la exclusión social que el lunes dirán que quieren paliar. Es decir, un nuevo capítulo de lo que, en la última visita del Consejero de Fomento a León, ya definimos como POSTUREO.