A lo largo de la mañana del día 28 de mayo, jueves, tuvieron lugar diversas comparecencias de Stop Desahucios de León para presentar la acción que realizamos de forma conjunta Amnistía Internacional de León, la Liga Estudiantil, Greenpeace y nosotros, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de León.
En primer lugar se realizó la rueda de prensa a las 10.30, donde se informó a los medios de comunicación de la convocatoria conjunta de esta acción, que tendrá lugar el sábado 30 de mayo a las 12 en Botines y de las motivaciones que nos han llevado a unir nuestros esfuerzos para lograrla.
Es evidente que la llamada Ley de Seguridad Ciudadana (#LeyMordaza) no es otra cosa que el maquillaje de una campaña de represión de activistas y acciones. Todas las distintas ONG, asociaciones y plataformas nos reconocemos en el texto de la ley, vemos con facilidad que ha sido diseñada de forma específica para reprimir modelos de protesta que se ha demostrado que tienen impacto social y, por tanto, que funcionan. Privar de eficacia a la protesta social y desanimarla es el máximo objetivo de esta ley. Parece claro que quienes gobiernan lo que pretenden es que los últimos seis meses del año (previos a las elecciones) sean una «balsa de aceite» en la que no proteste nadie por miedo a las multas y represalias. Si en esos medios la protesta llegara a acallarse, la ciudadanía descontenta, que no posee el poder sobre los medios de comunicación, que no escribe las agendas de las noticias del día ni sube a estrados para hablar, no tendría forma de llevar su voz y su descontento al resto de la sociedad.
Aquí podéis escuchar la intervención de nuestra portavoz:
Amnistía internacional hizo el hincapié necesario en el tema de las devoluciones en caliente: «No se puede legalizar lo que es ilegal», insisten con razón, pues todos los organismos internacionales rechazan como contrarias al Derecho Internacional y a los Derechos Humanos las expulsiones masivas en la valla de Melilla o las que conciernen a los inmigrantes que llegan en embarcaciones.
Nuestra portavoz quiso reseñar la importancia de unir luchas en pro de los mismos objetivos, enunció las acciones efectivas de protesta de la PAH a las que se amenaza con multas desproporcionadas (escraches, toma de bancos y acciones de paralización de desahucios en la puerta) y denunció algo muy preocupante: las amenazas de la policía a los distintos colectivos de activistas antidesahucios en todo el país, quienes ya se regodean ante la fecha del 1 de julio, momento de entrada en vigor de esta ley. Las protestas deben ir en aumento durante este mes, con el fin de que el Gobierno se decida a retirarla. Numerosas organizaciones de Derechos Humanos, la ONU, el Consejo Europeo y Human Rights Watch han alzado su voz frente a lo que consideran una ley represiva, más propia de un estado totalitario que de una democracia.
La ley está recurrida ante el Tribunal Constitucional, pero todos sabemos que su veredicto podría tardar mucho tiempo en llegar. Nuestras acciones pretenden concienciar a toda la sociedad de los derechos que se pueden perder si permitimos que esta ley llegue a aplicarse.
A las 13.25 de la tarde, nuestra portavoz intervino en el programa Hoy por Hoy, con Chechu Gómez. Lo podéis escuchar aquí.
También puedes leer el manifiesto completo de nuestra convocatoria colectiva:
Amnistía Internacional , Greenpeace , Stop Desahucios y Liga Estudiantil Universitaria
MANIFIESTO : NO DEBEMOS CALLARNOS; NO A LA LEY MORDAZA.
En España, la crisis económica y las medidas de austeridad han supuesto recortes en servicios básicos que afectan a los derechos de miles de personas.
Además, muchas personas han sufrido restricciones a sus derechos a la libertad de expresión y reunión. Se han aumentado las sanciones administrativas arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza contra personas que se manifiestan pacíficamente.
La ley de seguridad ciudadana es un ataque directo y desproporcionado al estado social y democrático de derecho, viola las normas internacionales de derechos humanos y atenta contra los pilares básicos de nuestra democracia. El gobierno calla y silencia que el contenido fundamental del articulado va dirigido a obstaculizar y sancionar gravemente el derecho a la libertad de expresión y de reunión, puesto que 27 de 58 infracciones están directamente relacionadas con el derecho que tenemos los ciudadanos y ciudadanas a expresar nuestra opinión y hacer valer nuestras ideas en la calle y en las plazas, ese espacio público que es de toda la ciudadanía.
Esta ley sanciona actuaciones que son los cimientos mismos de la democracia, y lo hace con unas multas desorbitadas que llegan a los 600.000 euros. Introduce conceptos vagos e indeterminados para justificar la actuación de la policía, impide que se les pueda tomar imágenes mientras ejercen su labor, permite crear registros de ciudadanos y ciudadanas disidentes, permite las redadas policiales contra manifestantes, y otros muchos más despropósitos.
Por ejemplo, multas muy graves que oscilan entre los 30.000 y los 600.000 euros; graves, que van de los 600 a los 30.000 euros por paralizar un desahucio o por intrusión en instalaciones en las que se prestan servicios básicos a la comunidad, así como grabar, por ejemplo, a un miembro de las fuerzas de seguridad llevando a cabo una utilización excesiva de la fuerza. Y por último, las multas leves, que van desde los 100 a 600 euros por celebrar reuniones en lugares de tránsito público. Esto es, por reuniones en la calle.
Incluso los nombres de los infractores se anotarán en un registro central de infracciones contra la seguridad ciudadana. A partir de ahora la protesta social estará más perseguida y castigada que nunca en una democracia, y así lo entienden también los miembros del consejo de derechos humanos de la ONU, los cuales han mostrado al gobierno español sus dudas y preocupaciones acerca de una ley represiva y arcaica que pretende evitar y limitar las protestas públicas.
Esta no es una ley para proteger a la ciudadanía. Esta es una ley para proteger a un gobierno con claros tintes autoritarios, como respuesta a las reclamaciones legítimas de una ciudadanía cada vez más empoderada.
Sentimos seguridad cuando tenemos acceso a derechos fundamentales como son: una vivienda digna, educación y sanidad pública para todos, salario digno, acceso a cultura… y nada de eso se nos está garantizando, al revés, se nos está arrebatando. Ese miedo del Partido Popular a la protesta es el motivo de esta ley.
El Gobierno además pretende legalizar la actuación policial en las fronteras. Y lo quiere hacer a través de una enmienda que ha introducido en la ley de seguridad ciudadana, que es modificar la ley de extranjería para posibilitar las devoluciones de personas automáticas y sin garantías en Ceuta y Melilla. Esto lesiona flagrantemente el derecho comunitario así como tratados y convenios internacionales. No puede tolerarse que existan fronteras por encima de los derechos humanos.
Estas organizaciones, concienciadas con el futuro de este país, pedimos a todos los ciudadanos y ciudadanas que levanten su voz contra esta ley, porque aquí no se dirime blanco o negro, una idea u otra, sino nuestro mismo derecho a decidir expresarla.
Por lo que exponemos/exigimos:
Que el gobierno de España no coarte al derecho de las personas a manifestarse y reunirse pacíficamente.
Debe garantizar el derecho de expresión y reunión pacífica, de acuerdo a las obligaciones internacionales de derechos humanos.
Debe garantizar el derecho a la protesta espontánea cuando no haya posibilidad de notificación.
Las sanciones no pueden utilizarse como elemento disuasorio para impedir que la gente ejerza su derecho a la protesta.
Los cuerpos y fuerzas de seguridad deben abstenerse del uso de la fuerza o de material antidisturbios contra las personas que se manifiestan de forma pacífica.
Cualquier decisión de dispersar una manifestación debe ser realizada bajo los principios de necesidad y proporcionalidad, cuando pueda haber algún riesgo para el resto de las personas y debe ser claramente comunicada y explicada.
La policía debe abstenerse de llevar a cabo tratos sexistas, racistas o discriminatorios contra las mujeres, migrantes o personas lesbianas, gays, bisexuales o transgénero.
Por nuestro derecho a la libertad de expresión y reunión pacíficas:
Demandamos y Exigimos la retirada o modificacion de la ley de seguridad ciudadana
¡No debemos callarnos! ¡No a la ley mordaza!
leonstopdesahucios 